El caso Meliá en Palma de Mallorca amenaza con salpicar a la administración cubana. El Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma de Mallorca ha celebrado este martes una breve audiencia previa entre Meliá y la familia Sánchez Hill en la que ha comunicado verbalmente a las partes que próximamente les remitirá una resolución en la que les expondrá los motivos por los que cree que sería jurídicamente correcto ampliar la demanda contra Gaviota, la empresa estatal cubana dueña de los hoteles que Meliá gestiona en la isla.
En concreto, según fuentes consultadas por Vozpópuli, la jueza entiende que si lo que se va a juzgar es un posible caso de enriquecimiento injusto, Gaviota, el socio cubano de los Escarrer, también debe ser incluido en el proceso y comparezca en calidad de demandado. Se trata de una petición planteada por los abogados de Meliá en las llamadas cuestiones procesales, que ha pedido que Gaviota también sea demandada al entender que la demanda es incorrecta tal y como está planteada ahora mismo.
A este respecto, cabe incidir que mientras que Meliá tiene el contrato de gestión de los hoteles, la propiedad de los edificios es del Estado cubano. Por tanto, ambas participan del negocio y ambas deben responder conjuntamente de cualquier acusación, según las cuestiones planteadas por Meliá.
La eventual inclusión de Gaviota en el proceso no se presenta como un asunto fácil. Y es que aunque la compañía cubana opera como una sociedad mercantil, su capital pertenece en su totalidad al régimen cubano, por lo que sería como demandar al Gobierno de Cuba, aunque de forma indirecta, con todas las implicaciones diplomáticas que esto podría tener.
Tras recibir la resolución en los próximos días, los Sánchez Hill tienen la opción de recurrirla o bien hacer caso a la jueza y ampliar la demanda contra Gaviota. Meliá, por su parte, se entiende que manifestará la pertinencia de incluir a Gaviota en la causa, como ya hizo en las cuestiones procesales. En cualquier caso, la última palabra la tendrán los Sánchez Hill.
Por unos terrenos confiscados
La familia de origen cubano presentó hace algo más de un año una demanda contra la cadena hotelera por la explotación de los hoteles Paradisus Rio de Oro y Sol Rio y Luna Mares, ambos ubicados en unos terrenos que les fueron confiscados (que no expropiados, pues no hubo indemnización) tras la Revolución cubana de 1959.
La familia, residente en Estados Unidos, sustenta su demanda en el llamado enriquecimiento injusto, por el que reclama a la compañía una indemnización por beneficiarse de forma presuntamente ilegal de la explotación de unos terrenos que pertenecían a sus antepasados.
El procedimiento fue presentado ante la justicia española después de que el Gobierno de Donald Trump reactivase la polémica Helms-Burton, una ley que permite a norteamericanos y cubanos nacionalizados reclamar indemnizaciones por los bienes que les fueron confiscados por Fidel Castro. No obstante, esta ley no ha sido usada para argumentar la demanda de los Sánchez Hill, ya que los tribunales españoles no tienen competencia para conocerla.
Tres meses después de presentarse, el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma de Mallorca archivó la causa por ausencia de jurisdicción y falta de competencia judicial internacional de los tribunales españoles. Sin embargo, el proceso que parecía enterrado dio un giro inesperado el pasado abril, con la reactivación del pleito por parte de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que estimó el recurso de apelación presentado por los Sánchez Hill.
El tribunal entendió que los órganos españoles sí poseen jurisdicción y competencia judicial internacional para tramitar un procedimiento frente a una sociedad domiciliada en España en ejercicio de lo que parece identificar como acción personal de indemnización. Con lo cual, devolvió la causa al Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma, que es el que ahora tramita el asunto.
Escarrer, vetado en Estados Unidos
Por el camino, Meliá ha disparado todo tipo de balas para tumbar el proceso. Las últimas tres, el pasado verano. En primer lugar, pidió al tribunal que elevase al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que indicase al juez cómo proceder, algo que rechazó.
También pidió a la jueza medidas especiales para garantizar la confidencialidad del proceso, petición que fue tumbada tras no apreciarse causa que justifique la adopción de medidas "tan restrictivas y contrarias al principio general de la publicidad de las actuaciones, esenciales en una sociedad democrática”, en palabras de la jueza.
Por último, la hotelera trasladó al tribunal que toda esta demanda en realidad era una forma de obtener información para después iniciar un procedimiento en Estados Unidos bajo el amparo de la Helms-Burton, teoría que también fue desestimada por la jueza tras señalar que eso no había quedado demostrado en ningún momento.
Este procedimiento, que Meliá siempre ha asegurado que terminará en nada, se ha convertido en un importante quebradero de cabeza para la compañía hasta el punto de que el consejero delegado Gabriel Escarrer tiene prohibida la entrada a Estados Unidos, como adelantó este diario.