Cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación, falsedad, rebelión, sedición, desobediencia... y más desobediencia. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, suma un nuevo delito a la lista que en los años ochenta empezó a escribir el expresident Jordi Pujol y que posteriormente engordaron Artur Mas y Carles Puigdemont. De los cuatro, dos han sido llamados al banquillo, uno tiene la condición de procesado rebelde y el otro está imputado junto a toda su familia.
La Justicia dio el primer paso contra estos líderes hace cinco años, cuando el cabecilla de la familia Pujol admitió haber ocultado dinero a Hacienda. Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decretado la apertura de juicio oral contra Torra. El president se sentará en el banquillo por un presunto delito de desobediencia al no haber acatado la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.
Aquel 28 de abril en el que se celebraron las elecciones generales, Torra exhibió "pública y de forma permanente" en la fachada del Palau de la Generalitat esteladas, lazos y carteles en los que reclamaba la libertad de los "presos políticos". El inventario se repitió en consejerías, delegaciones y servicios territoriales.
En el auto hecho público este viernes, el magistrado instructor Carlos Ramos Rubio ha hecho hincapié en que estos símbolos, emblemas y lemas "son considerados propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos", por lo que la Junta Electoral Central los estima "partidistas" y, en consecuencia, prohibidos de exhibición en Administraciones y poderes públicos durante los periodos electorales.
La primera advertencia de la Junta tuvo lugar en marzo; los días pasaron, llegaron las elecciones y las pancartas seguían allí. Ahora Torra tendrá que enfrentarse a la petición de un año y ocho meses de inhabilitación que pide la Fiscalía Superior de Cataluña y a los dos años que reclama la acusación popular ejercida por Vox. Ambos requieren multas: el ministerio público por 30.000 euros y el partido de Santiago Abascal por 72.000 euros.
Puigdemont, el procesado rebelde
La política de Torra es una herencia del expresidente catalán huido Carles Puigdemont, quien fue cesado del cargo el 28 de octubre de 2017 tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O. La salida del líder de Junts per Catalunya fue inmediata tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Un día después huyó a Bélgica y desde entonces se encuentra en busca y captura en territorio español -aunque por un tiempo pesó contra él una orden de captura internacional- por la organización de la consulta ilegal y la declaración unilateral de independencia.
Mas, el inhabilitado
Antes que Puigdemont estuvo Artur Mas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pidió el pasado 5 de febrero que se ejecute el dictamen del Tribunal Supremo y que el expresidente catalán empiece a cumplir la condena por desobediencia por organizar la votación del 9N. El pasado diciembre, se confirmó la rebaja de la inhabilitación y la cuenta atrás empezó el pasado 23 de enero, cuando se dictó la sentencia firme. Es decir, estará inhabilitado hasta febrero de 2020.
Aquella sentencia llegó después de que el Tribunal de Cuentas le obligase a hacerse cargo de los 4,9 millones de euros de dinero público gastados en el 9N. Y requirió el pago de una multa de 36.000 euros por parte de Mas.
Pujol, el imputado
Pero el precursor de las irregularidades en Cataluña fue Jordi Pujol Soley. El primer presidente catalán de la democracia española se encuentra imputado desde 2015, después de que la Fiscalía anticorrupción solicitara al juez José de la Mata que se investigaran los negocios del cabecilla de la familia.
El caso del mayor de los Pujol llegó a la Audiencia Nacional después de que el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona se inhibiera a favor del tribunal madrileño. Tras años de pesquisas, que todavía no han finalizado por la complejidad de la trama, el magistrado considera que el expresidente catalán y su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, utilizaron Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) para presuntamente cobrar comisiones, que introducían en sus cuentas bancarias andorranas.
El juez José de la Mata ha llegado a calificar al clan de los Pujol como una "familia-organización" que llegó a ingresar 48 millones de euros, la mayoría en efectivo, en sus cuentas de Andorra. Los integrantes del clan podrían haber cometido los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil, según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.