La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Murcia ha entregado un escrito al juez de instrucción número 5 de Cartagena que investiga el presunto pucherazo en las primarias de Ciudadanos en esta región, en el que acusa a la formación naranja de ocultar información al magistrado sobre este proceso electoral de marzo de 2019 que ganó la candidata Isabel Franco, actual vicepresidenta del Gobierno murciano.
El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es del pasado 20 de febrero. En él, esta unidad de la Policía muestra su sorpresa al enterarse que Ciudadanos sólo ha entregado información "respecto a 2 de los 4 puntos" que se solicitaban en un requerimiento previo del juez del 13 de diciembre del año pasado. En concreto, la formación que preside Inés Arrimadas no puedo aportar el listado completo de IPs utilizadas el día de la votación ni el listado completo de cada uno de los identificados de voto.
Cs alegó la "imposibilidad" de poder aportar la información directamente pues tales evidencias estaban en posesión de “la entidad encargada de obtener las mismas y realizar el aseguramiento de la prueba”. En concreto, Lazarus Technology. Pero la UDEF no se creyó esta explicación.
“Se quiere significar que a este Grupo de Investigación le sorprende que el partido político de Ciudadanos en esta ocasión no tuviera acceso para solicitar dicha información directamente a la empresa Lazarus Technology”, se indica en el escrito remitido al juez en febrero.
En este sentido, la UDEF recuerda que el denunciante, el candidato Leonardo Pérez que quedó en segunda posición en aquellas primarias, solicitó a la Comisión de Garantías de Cs que le facilitara el informe relativo a la votación donde constaban todos los datos relativos al proceso y que desde el partido liberal "se le entregó diversa documentación en donde constaban tanto información sobre las IPs asociadas a las votaciones como los votos emitidos sobre cada uno de los candidatos".
Así que la UDEF señala al juez instructor que "se puede afirmar que Ciudadanos contaba con la información que ahora omite ante el requerimiento judicial”. Los investigadores policiales consideran, en este sentido, que es “imprescindible” que se ponga a disposición del magistrado "toda la información relativa a voto efectuado por cada uno de los votantes en las primarias efectuadas en la Región de Murcia por parte del mencionado partido político".
Requerimiento a la empresa
Por ello, solicitan al juez instructor un nuevo requerimiento judicial -esta vez a Lazarus Technology- ya que es “indispensable” para la aclaración de los hechos investigados que que aporte a la UDEF de Murcia "cualquier tipo de información o documentación" respecto a las primarias en esta región. Y le piden al juez que reclame a dicha compañía informática cuatro cuestiones muy concretas.
En primer lugar, “información clara y detallada” del proceso efectuado por esta empresa "para verificar y asociar cada uno de los votos efectuados en las últimas primarias con cada uno de sus votantes” y si Cs supo “el procedimiento efectuado por cada uno de los votantes a fin de ejercer su derecho a voto”. Por ejemplo, los investigadores constataron que al menos 14 votos se realizaron desde IP estáticas que procedían de fuera de Murcia gracias a la información parcial entregada por Cs. Y quieren saber quiénes fueron esos votantes.
La UDEF reclamó también al juez que exigiese a Lazarus Technology el “listado completo” de las IPs asociadas a cada uno de los votos efectuados en las primarias de Murcia, “y en donde se debe de hacer constar fecha y hora exacta del momento en el cual se efectuó la votación”.
En tercer lugar, el “listado completo de cada uno de los identificadores de voto generados por cada una de las votaciones efectuadas, las cuales deben de ir asociadas a cada una de las IPs utilizadas para la emisión del mismo”. Y, por último, que dicha información se aporte en formato digital.
El juez cursó dicha petición pero Lazarus Technology aún no ha respondido al requerimiento, según supo Vozpópuli de fuentes personadas en el caso. Ciudadanos ha alegado en los últimos meses que el partido "es el primer interesado en aclarar todos los extremos del caso" y por ello pidió al juez instructor ser considerado como acusación particular en el caso, con lo que reconocía implícitamente que había existido pucherazo. Sin embargo, el magistrado rechazó tal petición el pasado 6 de julio.
Además, la sombra del fraude va más allá de los 14 votos que la Policía detectó en sus pesquisas iniciales. El candidato perdedor en aquellas primarias presentó un informe pericial en el que concluía que no solo esos 14 votos habrían sido fraudulentos, sino un total de 227. Franco logró 599 votos y Pérez se quedó en 237 votos.