Un testigo protegido ha alertado a la Audiencia Nacional de que los Pujol esconden todavía hoy en Nueva Zelanda más de 100 millones de euros al margen de la Hacienda española, según consta en la declaración celebrada el pasado 12 de diciembre, a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En el marco de estas pesquisas, este testigo ha aportado al juez cinco carpetas con diversa documentación, dice el juez en una providencia de esta semana.
"Saqué un extracto antes de entrar en prisión y son 179,5 millones de dólares de Nueva Zelanda", ha relatado el compareciente que, ante las preguntas del juez que investiga la causa, ha asegurado que este dinero procede de "diferentes países". Según ha precisado, el beneficiario real de la cuenta corriente sería Jordi Pujol Ferrusola.
El testigo, que ha explicado que el clan podría tener más cuentas bancarias a nombre de sociedades, es un empresario de nacionalidad andorrana interno en el Centro Penitenciario de Brians-2, situado en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), tras ser condenado en nueve ocasiones por varios delitos, entre ellos el de estafa.
En noviembre pasado pidió a los funcionarios de prisiones declarar sobre el dinero oculto del clan del expresident. El juez que investiga el caso le citó de forma secreta en diciembre y la declaración celebrada en la Audiencia Nacional duró casi una hora.
El compareciente ha asegurado tener documentación del dinero oculto, ya que según su testimonio era la persona que había organizado desde 1994 el entramado de sociedades en las que los Pujol habrían guardado su dinero en el exterior, repartido en cuentas bancarias y cajas de seguridad. La hija Marta Pujol Ferrusola, siempre según la declaración, es la persona que ahora lleva el control de la fortuna familiar.
"Más que nunca"
El testigo ha destacado también que ha formado parte desde los 19 años del círculo cercano de Jordi Pujol y, según consta en la grabación, tiene datos que podrían identificar las cuentas y las cajas de seguridad bancarias. Al ser preguntado por el magistrado José de la Mata sobre si Jordi Pujol Ferrusola habría realizado en los últimos años operaciones financieras, el compareciente ha contestado, de forma literal: "Más que nunca. [...] Empezando por México y otros países que no han salido a la luz".
La declaración ha tenido lugar en una pieza dentro del caso Pujol que el juez mantuvo secreta entre el 11 de noviembre de 2019 y el 13 marzo de 2020. De forma reciente, el instructor ha levantado el secreto del sumario de esta concreta investigación, y ha informado a las partes de la declaración del testigo protegido, cuya identidad ha revelado.
A consecuencia de conocer estos nuevos hechos, el juez ha ordenado comisiones rogatorias a Francia, Portugal y Suiza en busca de las supuestas cajas de seguridad bancarias, en las que los Pujol habrían escondido más dinero y hasta lingotes de oro. Sin embargo, las primeras contestaciones de las autoridades de estos países han sido negativas. Está pendiente la contestación de la Confederación Helvética sobre un supuesto pago de 5 millones de euros.
290 millones
Un informe de 2019 de la Policía Judicial cuantifica en alrededor de 290 millones de euros el beneficio opaco obtenido por la "familia-organización". Según los agentes, el expresidente catalán y su familia habrían obtenido comisiones ilegales "directamente asociadas a actos administrativos de resolución por instancias de esa comunidad autónoma que engloban toda su administración, desde las consejerías de Gobierno a entes con personalidad jurídica propia vinculados, como puertos marítimos, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos, etc".
Los Pujol han utilizado la jurisdicción de estos paraísos fiscales para distintas "operaciones encaminadas a la ocultación y blanqueo de capitales ilícitamente obtenidos", según ha constatado el juez a cargo de la investigación en la Audiencia Nacional en reiteradas oportunidades. Son precisamente los múltiples movimientos de dinero realizados entre estos países los que han ralentizado la investigación contra la "familia-organización".
El juez De la Mata ha destacado en varias ocasiones que la familia recurrió de forma sistemática "al tráfico de influencias y otras actividades corruptas"; y que el dinero de las mordidas "se parapetaba" en distintos países, como por ejemplo Panamá, México, Andorra o Argentina, "tras una frondosa estructura societaria". Para esconder estas sumas, los Pujol contaban con la ayuda de "falsedades documentales que les daban cobertura".
La Justicia investiga a la familia Pujol desde hace ya ocho años por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y organización criminal.