La escalada de tensión entre los Gobiernos de Pedro Sánchez y Donald Trump que se produjo la semana pasada con motivo de la relación del primero con Venezuela ha ido este martes un poco más lejos, al confirmar el Ministerio de Hacienda su intención de aprobar "lo antes posible" la 'tasa Google', que afectará sobre todo a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses que operan en España.
Se trata de una nueva provocación al presidente norteamericano, que ya ha mostrado su incomodidad con el viraje de la política exterior española. Su malestar ha ido in crescendo desde que Vozpópuli hizo pública la recepción en Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por parte del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y también ante la posibilidad de que Repsol se quede con parte de la firma venezolana PDVSA.
Como contaba este medio el lunes, no es casualidad que el embajador estadounidense en España, Duke Buchan, haya solicitado sendos encuentros con dos ministras del Sánchez, ni tampoco que la titular de Exteriores haya tenido que atender por teléfono al secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, encargado de negociaciones tan importantes como las de la guerra comercial con China.
La escalada de tensión se agravó aún más con la amenaza de que España podría cerrar las bases norteamericanas en suelo español - a la que Trump contestó con una rueda de prensa para periodistas españoles en la que acusó al inquilino de La Moncloa de violar las normas de la Unión Europea-, y este martes se ha avivado con el anuncio de la aprobación inminente del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como la 'tasa Google'.
No ha servido el ejemplo de Francia
España ha acometido esta nueva afrenta a pesar de haber tenido cerca el ejemplo de Francia, que intentó aplicar de forma unilateral su propia 'tasa Google' y tuvo que recular ante las represalias -en forma de aranceles- que recibió desde la Casa Blanca.
La 'tasa Google' gravará con un 3% a las empresas que facturen 750 millones de euros a nivel global e ingresen 3 millones en suelo español, por actividades como la publicidad online, la intermediación en línea (la comisión de intermediación y las redes sociales) y los servicios de transmisión de datos. Con ella, el Gobierno prevé recaudar 1.200 millones de euros cada año.
Cuando entre en vigor, España será el único país de la UE con este tipo de tributo y se adelantará así al resto de países del mercado único, que siguen negociando para intentar crear un gravamen homogéneo para toda la UE.
'Tasa Tobin' y medidas antifraude
El Ministerio que dirige María Jesús Montero también tiene previsto llevar al Consejo de Ministros el proyecto de ley del Impuesto sobre Determinadas Actividades Financieras, conocido como 'tasa Tobin', así como un paquete de medidas para luchar contra el fraude.
Dado que su tramitación no tiene que producirse de forma conjunta con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Ministerio intentará que se aprueben y entren en vigor lo antes posible pasa asegurar el máximo periodo de recaudación en 2020, dado que Hacienda ha confirmado que ningún tributo entrará en vigor con efecto retroactivo -desde el 1 de enero-.
Con la 'tasa Tobin', el Ejecutivo ha estimado una recaudación de 850 millones de euros al año, así que las dos nuevas figuras tributarias aportarán unos 2.000 millones a las arcas de la Agencia Tributaria, según los cálculos de Sánchez, cuestionados por otro lado por varios expertos.
Cuanto antes se tramiten en el Parlamento y entren en vigor, más probabilidad habrá de que el Ejecutivo cumpla con sus pronósticos de recaudación y consiga cuadrar sus cuentas, para las que pronostica un déficit del -1,8% del PIB en 2020, es decir, un agujero de 22.400 millones de euros.