Todos los partidos políticos saben que es necesario tomar medidas dolorosas para garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero ninguno de ellos quiere pagar la factura política de ser el que toma esas decisiones ni ser castigado por ello en las urnas. Nadie se atreve a tocar la edad de jubilación, pero los expertos advierten de que esa es la primera solución.
"Cada día que pasa, los españoles somos cinco horas más longevos. Teniendo en cuenta este dato, deberíamos estar jubilándonos a partir de los 70 años, y los que no puedan hacerlo será porque están haciendo trabajos del siglo XX y no del siglo XXI", señalaba esta semana José Antonio Herce, doctor en Economía y presidente del foro de expertos del instituto BBVA de Pensiones, durante la presentación del libro Pensiones del futuro, que él mismo coordina.
Se trata de una obra respaldada por el Instituto Santalucía en la que participan economistas como José Ignacio Conde-Ruiz, Rafael Doménech -responsable de análisis económico de BBVA Research- y Ángel de la Fuente -presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)-, entre otros, y que hace una radiografía de los problemas que tiene el sistema público de pensiones aportando soluciones para paliarlos.
La edad equivalente a esos 65 años del 1900 estaría hoy entre los 81 y 91 años"
La longevidad es el primero de ellos y el hecho de que la edad de jubilación no se adapte a ella. Fue en el año 1900 cuando se estipuló que la edad de jubilación debía ser a los 65 años, porque a partir de esa edad los trabajadores no tenían buenas condiciones físicas para seguir trabajando y tenían una esperanza de vida reducida. De hecho, sólo un 25% sobrevivía a esa edad.
Son necesarias medidas para subir la pensión con el IPC
Además de no querer tocar la edad de jubilación, los políticos tampoco quieren utilizar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), ideado por el PP en 2013 y que ya ni ese partido quiere usar. Ese sistema para calcular cuánto suben las pensiones cada año estipula que siempre que la Seguridad Social esté en déficit (actualmente padece uno de -18.000 millones de euros) las pensiones sólo subirán un 0,25%, y si el IPC está por encima de ese nivel los pensionistas se quejarán de una pérdida de poder adquisitivo.
"Si se utilizara el IRP, tan pronto llegara la inflación saldrían los pensionistas a la calle. Los políticos quieren utilizar el IPC, pero tendrán que hacer que eso sea sostenible", advierte Conde-Ruiz.
La utilización del IPR se considera una medida automática, que afecta directamente al bolsillo de los españoles y que, por tanto, es más difícil tomar. Por ello, los expertos se muestran más partidarios de las reformas paramétricas, como el retraso de la edad de jubilación.
111.000 millones de déficit en 2040
Intentar solucionar el problema del déficit con un impuesto finalista tampoco es muy buena opción, ya que según explica Inmaculada D. Fabián, profesora de la Universidad de Extremadura y colaboradora del Banco Mundial y la OCDE, al subir las pensiones con el IPC el déficit se alarga año a año. "El problema es exponencial e impuestos como la 'tasa Google' o la 'tasa Tobin' son insuficientes", apunta.
Con esos nuevos tributos el Gobierno preveía recaudar 2.000 millones al año, que parecen insuficientes para un déficit nueve veces mayor.
La experta calcula que si se revalorizan las pensiones con el IPC y no se aplican medidas adicionales en el año 2040 el déficit de la Seguridad Social será de 111.000 millones de euros, lo que supondrá un 4% del PIB.