El juez del caso Popular vuelve a poner negro sobre blanco y obliga a todas las acusaciones que se habían quedado fuera de la causa que se reagrupen en una de las acordadas el pasado mes de julio. En un auto del pasado viernes 20 de septiembre, el magistrado José Luis Calama rechaza una decena de alegaciones de víctimas y les emplaza a adherirse a un grupo.
La semana pasada ya dio un ultimátum para que todos aquellos afectados que se habían quedado fuera se reagruparan en una acusación válida, pero muchas de ellas han presentado alegaciones.
Consideran que incluirse en una de las agrupaciones escogidas por la Sala vulnera sus defensas porque infringe el principio de igualdad, ya que no es lo mismo el dinero perdido por un fondo de inversión, un particular o una acusación conjunta, que en ocasiones supera a algunos de los personados.
El juez José Luis Calama decidió reducir a doce las acusaciones que se podrán personar en el juicio contra el Banco Popular tras el aluvión de demandantes, que llegó a superar la centena de agrupaciones y para no eternizar el juicio. Diez de ellas son afectados con más de un millón de euros y las otras dos la conforma accionistas minoritarios.
El juez priorizó los fondos de inversión más perjudicados económicamente, las asociaciones que más víctimas agrupaban y a los inversores cuya cuantía superaba el millón de euros.
Entre los seleccionados se encuentran Pimpco, Algebris, Anchorage Capital y Cainr Capital; la Mutualidad General de la Abogacía; la Asociación Española de Accionistas minoritarios de empresas (AEMEC); y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), entre otros.
Saracho, el primero en declarar
Está previsto que los investigados empiecen a declarar los primeros días de octubre, según una providencia del juez Calama emitida el pasado junio. Destacan las comparecencias de los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho; el ex consejero delegado Francisco Gómez; y el exvicepresidente Roberto Higuera.
Este lunes se ha conocido que los ex consejeros delegados Ignacio Sánchez-Asiaín y Pedro Larena Landaeta y el exconsejero Antonio González-Adalid también tendrán que acudir como querellados en el mes de diciembre.
La caída de Popular
En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular. Para ello, convirtió en cero el valor de las acciones, en una operación ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE). Finalmente, el Banco Santander se hizo con la entidad por un euro.
Cuatro meses después, el que fuera titular del juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor. A todos se les acusa de presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.