Economía

La CNMC busca inspectores para revisar las cuentas de Telefonica, Orange y Vodafone

Usuario de telefonía móvil

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) busca inspectores para analizar la cuentas de Telefónica, Orange, Vodafone y Cellnex. Lo hará para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019.

El órgano de competencia también dedicará este personal a calcular el coste neto del servicio universal de telecomunicaciones garantizado por ley. Se trata de un proceso, el del análisis de las cuentas, que es realizado por la CNMC cada dos años, y para el cual se lanza una licitación pública.

"Durante el proceso de contabilidad analítica se estudia cada coste empresarial y se decide cuáles son imputables a actividades reguladas y cuales no", explican fuentes del sector. Este análisis bianual se realiza desde que en el año 1.997 se liberó el mercado de las telecomunicaciones.

El servicio universal es un conjunto de servicios básicos de comunicaciones electrónicas cuya prestación se garantiza a todos los usuarios que lo soliciten con una calidad especificada y a un precio asequible"

El objetivo de esta liberación era estimular el mercado en beneficio del usuario final. En un principio el mercado se abrió con la llegada de Vodafone (antigua Airtel) y posteriormente de Orange. Hoy hay centenares de operadores de telecomunicaciones, tanto OMV (Operadores Móviles Virtuales), los operadores tradicionales y también otras compañías de telecomunicaciones que se orientan al mercado local y las zonas rurales.

En el caso de Cellnex, única compañía que no es operador de telecomunicaciones cuyas cuentas se analizarán, su negocio se centra en la gestión de infraestructuras. Posee antenas de telecomunicaciones a través de las cuales las telecos dan servicio.

Servicio universal

El servicio universal también se analizará. Se denomina de esta manera aquellos servicios que los operadores han de ofrecer por ley para garantizar que el ciudadano tiene acceso a las telecomunicaciones de calidad.

El Ejecutivo lo define como "un conjunto de servicios básicos de comunicaciones electrónicas cuya prestación se garantiza a todos los usuarios que lo soliciten, independientemente de su localización geográfica, con una calidad especificada y a un precio asequible".

Estos servicios son, entre otros, Internet a una velocidad concreta, la entrega de una guía telefónica, medidas específicas para usuarios con discapacidad y la disponibilidad de cabinas telefónicas.

Este último punto es el más comprometido. La generalización de la telefonía móvil y las tarifas planas de llamadas ha provocado el descenso vertiginoso de las cabinas telefónicas, que sin embargo se siguen manteniendo pese a las quejas de Telefónica, el operador que se encarga de ello.